CÓMO AFECTA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS A LAS EMPRESAS

CÓMO AFECTA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS A LAS EMPRESAS

En el año 2021 ha entrado en vigor el nuevo Reglamento General de Protección de Datos, una normativa que desde entonces ha dado mucho de qué hablar, pero… ¿Sabemos en qué consiste? ¿Están todas las empresas obligadas a cumplirlo?

  • ¿En qué consiste el RGPD?

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos aprobado por la Unión Europea constituye un nuevo marco jurídico sobre la protección de los datos personales y sobre sobre su libre circulación:

  1. Está diseñado para otorgar mayor seguridad y control a las personas sobre su información personal.
  2. Mejora la libre circulación de cualquier tipo de datos personales, aumentando la confianza de los ciudadanos.
  3. Se amplían los derechos de los usuarios a decidir cómo desean que sus datos sean tratados y cómo quieren recibir información de las empresas
  4. Se establecen unas reglas comunes en toda Europa
  • ¿A quién obliga la Ley de Protección de Datos?

Al aplicar este nuevo reglamento existirá una necesidad de consentimiento inequívoco y explícito del uso de esos datos. El nuevo RGPD es una norma más estricta que obliga a todas y cada una de las empresas que traten datos de carácter personal para el normal desarrollo de su actividad comercial.

¿A todas? Sí, sin excepción, y también a los trabajadores autónomos.

Con todo ello, se dará mayor control de sus datos personales a los ciudadanos, ampliando sus derechos a decidir cómo desean que sus datos sean tratados y cómo quieren recibir información de las empresas.

  • ¿Es obligatorio demostrar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos ante la AEPD?

Sí. Las empresas y los autónomos no solo están obligados a cumplir con estas normativas mediante la implantación de medidas y sistemas de seguridad, sino que también tienen la obligación de demostrarlo ante la autoridad competente. Esto se conoce como el “Principio de la responsabilidad activa”, el cual está fijado en el RGPD.

De lo contrario, las sanciones a las empresas pueden llegar al 4% de la facturación anual mundial o a los 20 millones de euros (lo que sea mayor). Además, la condena podrá imponerse aunque no haya pérdida en sí de los datos.

 

 

 

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