[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hace menos de diez años, vivíamos en una sociedad en la que los servicios de vehículos con conductor constituían un claro monopolio, cuyo reinado estaba en manos de los taxis. Actualmente, todo este monopolio ha sido destruido, siendo ahora el estado de competencia el que predomina el sector, debido a la implantación de empresas en nuestro país como Uber, fundada en 2009, o Cabify, que lo hizo en 2011, que integran las llamadas licencias VTC y que vienen a competir de primera mano con el sector taxista.
Ante esta situación mucha gente se pregunta: ¿Qué pasa con la gente que gastó gran cantidad de dinero en una licencia de taxi?
Pasemos a comentar cronológicamente algunas de las claves del conflicto:
- En 2014, se libra una primera batalla promovida por los conductores de taxis. La batalla tuvo lugar entre la asociación profesional Élite Taxi de Barcelona y Uber y terminó con una clara victoria para el sector taxista.
- Después de numerosos recursos alegando que Uber es una sociedad de servicios de transporte que debe disponer de la autorización administrativa para poder ejercer sus servicios, dicha controversia ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el cual dictaminó en su sentencia que “ha de considerarse que un servicio de intermediación, que tiene por objeto poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y por lo tanto, ha de calificarse de servicio en el ámbito de los transportes” y por lo cual, incumbe a los Estados Miembros de la Unión Europea, regular las condiciones de prestación de estos servicios, necesitando la pertinente autorización administrativa para llevar a cabo sus servicios.
- Todo este embrollo jurídico empeoró tras la aprobación del Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que incluía una serie de medidas muy restrictivas para los intereses de empresas como Uber o Cabify, destacando entre todas ellas la que establece que en cada Comunidad Autónoma sólo podrá existir una licencia VTC por cada treinta de taxi.
- Ante esta medida, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), interpuso recurso ante el Tribunal Supremo, porque considera que el Real Decreto es abusivo al favorecer a los taxistas y perjudicar a sus competidores.
La CNMC interpuso un recurso contra el Real Decreto por abusivo, pues éste establece que en cada Comunidad Autónoma sólo podrá existir una licencia VTC (Uber o Cabify) por cada treinta de taxi.
- Ante la situación expuesta, ¿cómo responde el Gobierno?, elevando a rango de ley el Real Decreto mediante el Decreto-Ley 3/2018, de 20 de abril dicha norma, es decir, dotándola de más fuerza, blindándola y elevando su rango.
- El Decreto-Ley, está regulado en la Constitución en su artículo 86, estableciendo que en casos de “urgente y extraordinaria necesidad” el Gobierno podrá dictar leyes provisionales para que entren en vigor inmediatamente.
- Ante esta medida, es inevitable preguntarse lo siguiente: ¿Estamos ante un caso de urgente y extraordinaria necesidad? ¿O se trata de una estrategia temporal del Gobierno a favor de los taxistas?
- Finalmente, el Tribunal Supremo ha resuelto desfavorablemente los recursos que interpuso la CNMC y considera que la limitación de 1 licencia VTC por cada 30 de Taxis no es una medida discriminatoria. La Sala también acepta que el 80% de los servicios de VTC deban desarrollarse en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma dónde se concedió la autorización.
- Curiosamente, las empresas VTC han mostrado su conformidad con la sentencia. El cierre a nuevas concesiones de licencias supone una revalorización de las mismas, dando pie a la especulación de permisos VTC como se ha dado con los del taxi.
El Tribunal Supremo se ha posicionado a favor de los taxistas y considera que la limitación de licencias VTC no es una medida discriminatoria. Curiosamente, Uber y Cabify han mostrado su conformidad con la sentencia, pues el cierre a nuevos permisos supone una revalorización de los mismos, dando pie a la especulación.
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Nuestros Abogados responderán con urgencia y contundencia en defensa de sus derechos, primero intentando una solución extrajudicial al conflicto y si ello no es posible, ejercitando las acciones judiciales necesarias para proteger sus intereses.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]